Septiembre de 2025. El pasado 27 de agosto del presente año, el Congreso de la
República aprobó la Ley Sarita, una nueva herramienta legal diseñada para garantizar el
pago oportuno de la cuota alimentaria a niñas, niños y adolescentes en Colombia. Esta
iniciativa responde a la necesidad de proteger el mínimo vital de miles de menores de edad
que, hasta ahora, veían retenidos sus recursos durante años en procesos judiciales.
Actualmente, cuando un juez ordena el embargo del salario o pensión de un progenitor que
incumple con el pago de alimentos, estos valores se depositan en el Banco Agrario del
juzgado que esté tramitando el proceso en forma de títulos judiciales, los cuales quedan
“retenidos” hasta la sentencia —es decir, la conclusión del proceso o litigio, que puede
tardar incluso varios años. Con la Ley Sarita, los jueces de familia podrán autorizar la
entrega anticipada y sucesiva de esos fondos retenidos, sin necesidad de esperar la
sentencia definitiva, siempre y cuando se cumplan los requisitos, como que el progenitor no
se haya opuesto a la demanda.
“La Ley Sarita marca un cambio estructural en los procesos de alimentos en
Colombia. Por primera vez, los jueces de familia podrán ordenar la entrega anticipada
de los títulos judiciales embargados y/o retenidos, garantizando así el cumplimiento
real y oportuno de la obligación alimentaria en el momento en que se necesite. Esta
norma protege directamente el interés superior del menor de edad y resuelve un vacío
que durante años generó injusticias”, afirma Jimmy Jiménez, abogado experto en
derecho de familia de INTEGRITY LEGAL.
La norma que modifica el Código General del Proceso con la creación del artículo 397A y la
adición de un parágrafo al artículo 447, surge a partir del caso de Sara Guiselle, una niña
con discapacidades que tuvo que esperar más de un año y medio para recibir los recursos
embargados que le correspondían y que necesitaba con urgencia. Su historia sensibilizó a
la opinión pública y se convirtió en el motor de este cambio legislativo.
La iniciativa fue presentada como Proyecto de Ley 199 de 2023 por la senadora Liliana
Bitar (Partido Conservador) y, tras superar los cuatro debates reglamentarios en Senado y
Cámara, fue aprobada en último debate el pasado 3 de julio. Actualmente, se encuentra en
proceso de sanción presidencial para convertirse oficialmente en ley de la República.
Se estima que la Ley Sarita podría beneficiar directamente a más de 55.000 casos con
procesos judiciales ejecutivos de alimentos activos, permitiendo que los menores de
edad reciban de manera inmediata los recursos necesarios para su sustento. Con ello,
Colombia avanza en la protección del interés superior de la niñez y en la garantía de que
ningún niño, niña o adolescente vea vulnerados sus derechos por demoras burocráticas.
