Bogotá, julio de 2026. En un contexto marcado por profundas desigualdades, conflictos y crecientes desafíos para la garantía de los derechos humanos, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) presentó oficialmente la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Social, un programa pionero que se convierte en la primera maestría virtual de una universidad pública acreditada en Colombia que sitúa la justicia social como eje central de su formación.
El lanzamiento reunió a autoridades académicas, juristas, investigadores y expertos nacionales para reflexionar sobre el papel de la educación en la construcción de una sociedad más democrática, incluyente y sostenible, así como sobre los retos que enfrenta el país para garantizar los derechos fundamentales en todos los territorios.
Liderada por la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas (ECJP), la nueva maestría integra el conocimiento de la Escuela de Ciencias de la Educación (ECEDU), la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades (ECSAH) y la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente (ECAPMA), consolidando una propuesta interdisciplinaria orientada a formar profesionales capaces de fortalecer la gobernanza, promover la participación ciudadana y aportar soluciones a problemáticas sociales complejas desde los contextos locales.
La educación como motor de transformación social
Durante la apertura del evento, el rector de la UNAD, Jaime Alberto Leal Afanador, afirmó que los desafíos actuales obligan a replantear el papel de la educación superior frente a las crisis sociales, ambientales y humanitarias que afectan al mundo. “La educación sigue siendo la herramienta más legítima que tiene la sociedad para reducir las desigualdades. Si soñamos con una Colombia cuyos territorios formen talento humano con calidad y pertinencia, estaremos educando para transformar el país y no para repetir las mismas prácticas de siempre", señaló.
El rector explicó que la nueva maestría responde a la necesidad de abordar los problemas sociales desde múltiples disciplinas y con una visión territorial, reconociendo que la garantía de los derechos humanos exige diálogo entre distintos campos del conocimiento y una mayor presencia de la educación superior en las regiones.
Por su parte, la decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, Alba Luz Serrano Rubiano, destacó que el programa nace como una respuesta a los desafíos estructurales del país y propone comprender los derechos humanos como un eje transversal de todas las áreas del conocimiento. "Los derechos humanos no son un campo aislado; son un eje transversal que atraviesa todas las disciplinas y esa es la mirada que necesita el país", afirmó.
Una apuesta académica con alcance nacional
El lanzamiento también contó con la conferencia magistral del magistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, quien invitó a comprender los derechos humanos como el fundamento del orden público y de la convivencia democrática. Durante su intervención explicó que el Estado de Derecho y el Estado Social y Democrático de Derecho no pueden entenderse como conceptos separados, sino complementarios, ya que ambos tienen como propósito garantizar la efectividad de los derechos y el bienestar de las personas.
Ibáñez recordó que derechos como la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, la seguridad social y la protección de la dignidad humana no pueden analizarse de manera aislada del desarrollo económico ni del equilibrio ambiental, pues todos forman parte de un mismo sistema orientado al bienestar colectivo.
El magistrado sostuvo que la justicia social constituye la máxima expresión del orden social y ecológico y afirmó que las políticas públicas deben construirse desde la inclusión y la participación de toda la sociedad, reconociendo las diferencias sociales, económicas, étnicas, culturales y de género.
Finalmente, destacó que la nueva Maestría en Derechos Humanos y Justicia Social representa una respuesta concreta a esos desafíos, al formar profesionales capaces de diseñar políticas públicas, fortalecer la institucionalidad y contribuir a la construcción de un país más justo e incluyente.
