Cali, agosto de 2026. Tras el sismo de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia, el Banco de Occidente, filial de Grupo Aval, presenta un análisis sobre el impacto económico de la emergencia y las prioridades para la recuperación de las regiones afectadas. Según Occieconómicas, el equipo de investigaciones económicas de la entidad, los daños en infraestructura rondarían entre los $30 y $40 billones de pesos, cerca del 2 % del PIB nacional, una cifra aún preliminar mientras los equipos técnicos verifican el estado real de las edificaciones.
El análisis destaca que el mayor riesgo para la inflación proviene de los choques de oferta. Las vías interrumpidas, las dificultades de abastecimiento y los fletes más costosos presionan los precios, especialmente los de los alimentos y el café. Aunque una menor demanda en las zonas afectadas compensaría parte del efecto, la entidad calcula que la emergencia agregará 10 puntos básicos a la inflación de cierre de año, que se ubicaría en 6,5% anual.
“Ante el entorno actual, redujimos la proyección de crecimiento nacional de 2,7 % a 2,5 %. No obstante, estimamos que la reconstrucción en los departamentos impulsará la economía en 2027, lo que nos lleva a revisar al alza el pronóstico para ese periodo, del 2,4 % al 2,6 %.”, asegura David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente.
En ese contexto, la entidad considera que la combinación de financiación oportuna, atención cercana y soluciones flexibles será fundamental para apoyar la recuperación de las familias, los comercios y las empresas que hoy enfrentan los desafíos derivados de esta coyuntura.
Radiografía del impacto
El análisis identifica afectaciones simultáneas en tres frentes:
Empresas: el efecto más inmediato combina caída de ventas, interrupciones operativas y estrés de liquidez, con especial preocupación por Buenaventura y los corredores del café. Aún no hay una cifra nacional oficial, pero estimaciones preliminares de la Gobernación del Valle del Cauca registran cerca de 700 unidades productivas afectadas, con pérdidas superiores a los $16 mil millones.
Hogares: las familias enfrentan ingresos interrumpidos y gastos crecientes en alojamiento, transporte y reposición de bienes. Donde la infraestructura resultó dañada, el acceso al efectivo es más difícil, por lo que para la banca será primordial mantener habilitados cajeros, corresponsales, banca móvil y otros mecanismos de retiro es prioritario.
Infraestructura y aseguramiento: la UNGRD reporta más de 73.400 viviendas averiadas, 12.800 destruidas, 120 edificios colapsados y daños en 240 centros de salud, 2.200 instituciones educativas y 1.200 centros comunitarios, además de 210 vías afectadas, 73 acueductos, 44 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos. Según Fasecolda, solo cerca del 13 % de los hogares del país cuenta con seguro contra terremoto, lo que anticipa dificultades para financiar la reconstrucción.
Prioridades para la reactivación
El análisis señala la flexibilidad financiera como primera línea de apoyo frente a este panorama. Los períodos de gracia, el congelamiento temporal de cuotas, las reestructuraciones de crédito y los alivios en tasas brindan liquidez inmediata y ajustan las obligaciones a la realidad de cada cliente. A ello se suma la financiación para volver a producir, con líneas de capital de trabajo, reposición de inventarios y adecuación de instalaciones, en especial para las mipymes, junto con créditos de libre inversión para trabajadores independientes, a través de procesos ágiles y canales digitales.
Asimismo, el mensaje central para hogares y empresas es preservar la liquidez antes que acelerar el pago de deudas. Esto implica reconstruir gradualmente el fondo de emergencia, priorizar gastos esenciales, evitar endeudarse con créditos de alto costo para cubrir pérdidas patrimoniales, separar el flujo de la operación del destinado a la reconstrucción, renegociar obligaciones a tiempo y revisar las pólizas de seguro.
Finalmente, el análisis plantea que la financiación privada debe funcionar como complemento, no como sustituto, de los recursos públicos. La coordinación con el Gobierno Nacional puede concentrarse en identificar beneficiarios de subsidios, garantías y programas de reconstrucción, mientras la banca aporta financiación para capital de trabajo y reposición de activos. Con el Banco de la República, el objetivo es preservar la liquidez del sistema, en un contexto de tasa de política monetaria en 12 % e inflación por encima de la meta
El desarrollo del país se construye en los momentos de mayor dificultad. Por eso, el Banco de Occidente reafirma su compromiso de acompañar a los colombianos con herramientas que les permitan avanzar, recuperarse y seguir construyendo un mejor futuro para sus comunidades y para Colombia.
