Bogotá_ noviembre de 2025. Durante los últimos años, el contrabando, un delito de alto impacto que, aunque históricamente ha sido percibido como una infracción aduanera menor, hoy se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado y en un fenómeno criminal de gran escala comparable en estructura, rentabilidad y peligrosidad al tráfico de drogas.
En la teoría, el contrabando consiste en el ingreso de mercancías al territorio nacional sin cumplir con los requisitos legales de importación, evadiendo impuestos y aranceles. Sin embargo, en la práctica, comprende una compleja red de operaciones que involucra el ingreso clandestino de productos a través de rutas controladas por grupos armados ilegales, sofisticadas estrategias de evasión fiscal y corrupción institucional, que han sido aprovechadas por organizaciones criminales como una fuente rentable y continua de financiación.
Según estimaciones recientes de la DIAN, entre 2018 y 2022, el 10% de las importaciones en el país correspondieron a productos de contrabando, generando pérdidas fiscales superiores al billón de pesos anuales[1] . No obstante, otras mediciones concluyen que la cifra podría ser incluso superior. En el caso de los cigarrillos, según la última encuesta de Invamer el 36% de lo que se comercializan en el país es de contrabando, lo que solo en 2024 generó pérdidas a los departamentos por más de 1 billón de pesos[2].
Autoridades como la POLFA – Policía Fiscal y Aduanera – ha incrementado sus controles en puertos, fronteras y en procesos de control posterior. Si bien entre enero y junio de 2025 esta entidad reportó la incautación y aprehensión de más de 5.8 millones de cajetillas de cigarrillo de contrabando[3], la rentabilidad del contrabando es un gran negocio y por lo mismo requiere de un trabajo interinstitucional, y un marco regulatorio y sancionatorio que busque acabar con este flagelo.
En el caso del comercio ilegal de cigarrillos, se estima que las organizaciones criminales obtienen ingresos cercanos a los 250 millones de dólares al año, con márgenes de ganancia que pueden alcanzar el 700%. Esta actividad se ha consolidado especialmente en departamentos como La Guajira, Norte de Santander, Antioquia y Nariño, donde la presencia de organizaciones criminales como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, el ELN y organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua, ha facilitado el control de rutas y la protección de cargamentos ilegales.
Según el mismo estudio de Invamer, la mayor parte del contrabando de cigarrillos provienen de Uruguay, con un 10,1%; Corea del Sur, con un 4,9% y de manera incremental, Estados Unidos, con un 8,5%. Las marcas de cigarrillos ilegales más comercializadas en Colombia son Rumba, que alcanzó el 13,4%, Carnival, con un 3,5% y Real con un 1,8%.
La mayoría de los productos hacen tránsito en Panamá y el caribe, usando los puertos de Turbo, Cartagena, Puerto Nuevo y Buenaventura. Desde allí, se distribuyen hacia Medellín y Bogotá para ser comercializados, y hacia Ipiales para ser transportados hacia Ecuador; o, en casos como el del tabaco paraguayo que luego de entrar al país, es transportado hacia Maicao y otras ciudades para luego ser distribuido en centros urbanos como Cúcuta, Bucaramanga o Montería.
El contrabando no solo erosiona las finanzas públicas, sino que también representa una amenaza directa a la seguridad nacional. La disputa por el control de rutas y mercados ha generado violencia en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado. Además, el ingreso de productos sin control sanitario pone en riesgo la salud pública si pensamos que pueden ser productos alterados.
