Bogotá, julio de 2025. El sector transporte está bajo mayor vigilancia. Con la reciente
creación del Comité de Supervisión de Cumplimiento del SARLAFT y de los Programas de
Transparencia y Ética Empresarial por parte de la Superintendencia de Transporte, las
empresas que no cumplan con esta obligación legal podrían enfrentar multas de hasta
2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), según lo establece el artículo
46 de la Ley 336 de 1996.
La medida busca garantizar que las compañías del sector, desde empresas de transporte
de carga hasta operadores portuarios, adopten sistemas robustos para la prevención del
lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esta nueva instancia de supervisión
técnica refuerza la exigencia de contar con políticas claras, oficiales de cumplimiento
registrados, y reportes periódicos ante la UIAF.
“Muchas organizaciones del sector aún no dimensionan los riesgos legales y reputacionales
de no implementar el SARLAFT correctamente. No basta con tener un manual: se necesita
una cultura real de cumplimiento”, afirma Juan Manuel del Corral, Vicepresidente de
Negocio. “Desde Cadena acompañamos a las empresas en la adopción efectiva de estos
sistemas, con soluciones personalizadas y enfoque preventivo.”
La Resolución 2328 de 2025 detalla los lineamientos específicos que deben seguir las
entidades vigiladas. Entre las obligaciones se incluyen el diseño de una política ajustada a
la realidad empresarial, una estructura organizacional alineada al riesgo, un código de ética
claro y mecanismos eficaces de reporte. El incumplimiento, además de las sanciones
económicas, puede implicar investigaciones y procesos administrativos.
Existen compañías expertas, como Cadena, que acompañan y ofrecen soluciones para la
implementación de sistemas de gestión del riesgo contra el lavado de activos, con las que el
sector no tiene excusas para el cumplimiento de la normativa. Para las empresas del sector
transporte, la implementación adecuada del SARLAFT no solo es una exigencia legal, sino
una garantía de sostenibilidad y confianza en el entorno empresarial actual.
Entre las empresas obligadas del sector, están:
Transporte público de carga
Transporte público de pasajeros
Concesionarios de infraestructura del transporte
Empresas de transporte especial
Empresas de transporte mixto
Centros integrales de atención a conductores
Centros de enseñanza automovilística
Centros de diagnóstico automotor
Centros de reconocimiento de conductores
Operadores de transporte multimodal
Empresas desintegradoras de vehículos
Sociedades portuarias
Operadores portuarios
