En un fallo histórico, la Corte Constitucional ordenó revocar la “intervención arbitraria e ilegal” que la Superintendencia
Nacional de Salud había adelantado en contra de nuestra EPS SANITAS, obligando al Gobierno a retornarla a sus accionistas
y a restituir sus órganos de Gobierno y Administración.
Sin embargo, lo que hoy, para muchos, debiera ser un día de alegría por el restablecimiento de la justicia, para nosotros es
un día de duelo.
La justicia colombiana nos ha dado la razón: se ha declarado ilegal la intervención de nuestra EPS Sanitas. Después de quince
largos meses de arbitrariedades, persecuciones y silencios, se nos devuelve lo que nunca debió ser arrebatado.
Pero esta victoria jurídica no borra el daño moral, institucional, financiero y humano que este Gobierno ha causado, no sólo
a nosotros como organización, sino a millones de usuarios, pacientes, familias, médicos, clínicas y trabajadores de la salud
que han sufrido en carne propia las consecuencias de una estrategia deliberada de destrucción.
Porque esto no fue un error, fue una estrategia premeditada, arbitraria, malévola, deliberada y anunciada que el
Estado Colombiano ejecutó.
Primero nos asfixiaron financieramente, negándose a reconocer la desfinanciación estructural del sistema y el
pago de deudas atrasadas.
El propio Presidente Gustavo Petro lo declaró en campaña y en Gobierno: acabaría con las EPS, de una forma u
otra. Lo repitieron sus Ministros. Y lo ejecutaron paso a paso.
Luego nos persiguieron administrativamente, con auditorías, investigaciones y campañas de desprestigio que
no hallaron una sola falta material, ética o legal, en nuestra gobernanza.
Después nos intervinieron para desbaratarnos desde dentro, desmantelando a la EPS Sanitas, destruyendo parte
del modelo, debilitando redes, abandonando a los pacientes y desmoralizando a nuestros equipos.
Finalmente, dejaron que el deterioro progresivo hiciera el “trabajo sucio”: romper por dentro lo que no pudieron
desacreditar desde fuera.
Todo esto se hizo en nombre de una supuesta transformación del sistema de salud que, en realidad, ha puesto en riesgo
la vida de millones de colombianos, demostrando, desgraciadamente, la inexistencia de un diseño sólido y de valor,
alternativo, al servicio de la población.
Hoy recibimos una empresa devastada:
Altamente comprometida financieramente
Con servicios deteriorados, con niveles de quejas y tutelas sin precedentes.
Con redes fragmentadas
Con una atención deteriorada, inoportuna y desintegrada para los usuarios
Con equipos humanos heridos en lo más profundo de su vocación
Con todas estas condiciones este día no es de celebración, es de recogimiento, de dolor, y también de determinación firme
y serena.
No queremos venganza. Pero sí exigimos reparación integral, verdad y responsabilidades. Y lo diremos con toda claridad:
continuaremos las acciones relevantes contra el Estado colombiano, y los autores intelectuales y operativos de este
despropósito tendrán que rendir cuentas ante los tribunales nacionales e internacionales.
2
La financiación, el problema de fondo, sigue sin solucionarse
Históricamente, el sistema de salud colombiano ha tenido dificultades en su financiación, situación que los distintos
gobiernos han enfrentado durante los últimos años.
Hace cerca de dos años, en conjunto con la EPS Sura y la EPS Compensar, alertamos de manera oportuna y responsable la
angustiosa situación financiera que vive el sistema de salud en el país como consecuencia principalmente de tres problemas
críticos:
1. Insuficiencia de la Unidad por Pago de Capitación (UPC)
2. Concentración asimétrica del riesgo
3. Las cuantiosas deudas acumuladas, exacerbadas por la pandemia de Covid-19.
Estos problemas persisten. El Auto 007 de 2025 de la Corte Constitucional en materia de derechos a la salud y a la vida
reconoce la insuficiencia de la UPC.
Ahora necesitamos un milagro transitorio. El Gobierno de Colombia como único responsable de la crítica situación actual,
no puede continuar incumpliendo con su obligación de garantizar la suficiencia financiera del sistema. Solo con la debida
dotación de los recursos necesarios y con la contribución concertada de todos los actores del sistema, podremos superar
este periodo crítico sin que el sistema colapse.
Para que este milagro se materialice se requiere una coalición ética y técnica que haga posible la reconstrucción, con el
involucramiento de todos los que aún creemos en un sistema de salud viable:
Con nuestros empleados y directivos
Con nuestras redes de prestadores propias y externas
Con nuestros usuarios y pacientes
Con los verdaderos servidores públicos
Con los partidos políticos de todos los colores
Con la sociedad civil que no se rinde
Con todos los colombianos que aún creemos que es posible cuidar a los demás sin destruir lo que funciona.
Con la Justicia colombiana, para que haga cumplir sus sentencias al Gobierno
Nos devolvieron lo que es nuestro, pero no nos devuelven intacta ni la estructura ni el alma de EPS Sanitas.
A pesar de los persistentes intentos de silenciarnos en los escenarios clave de discusión, recuperaremos la voz que como
referentes del sector nos corresponde para continuar defendiendo la salud de los colombianos en todas las instancias de
participación.
Trabajaremos para tratar de reconstruir EPS Sanitas. Será una ardua tarea. Lo haremos con dolor, pero también con
convicción. No nos mueve el resentimiento. Nos mueve el amor a la vida, a la salud y a Colombia.
Porque esta no es solo la causa de una compañía. Es el llamado urgente a salvar lo que queda de un modelo que, con sus
oportunidades de mejora ha salvado millones de vidas y ha sido el modelo destacado en la región. Y es también una ocasión
de reconstruirlo con más justicia, más eficiencia y más compasión.
Hoy empieza una nueva etapa. No será fácil recomponer los graves perjuicios y daños generados por una errática e injusta
intervención, con un impacto negativo en la salud de los colombianos. Desde Keralty y EPS Sanitas, pondremos todos
nuestros esfuerzos para enfrentar la situación con dignidad, con ciencia, con compasión y con coraje. Insistimos en la
necesaria reordenación y cumplimiento por parte del Estado colombiano de sus obligaciones y compromisos inmediatos
para abordar este complejo proceso.
En línea con la transparencia que nos caracteriza, es nuestro deber puntualizar que: si no se presenta el cumplimiento de
estas obligaciones por parte del Gobierno, no nos quedará otra alternativa que desistir de nuestro propósito y voluntad de
seguir adelante.
