Desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Venezuela ha visto un
escalofriante resurgimiento de las desapariciones forzadas. Al respecto, Amnistía
Internacional ha lanzado su más reciente informe “Detenciones Sin Rastro: El Crimen de
desaparición forazada en Venezuela”, en el que se analizan 15 casos que revelan un patrón
alarmante que va más allá de incidentes aislados: se trata de una política de represión
sistemática a la disidencia, que ha intensificado la ya precaria situación de los derechos
humanos en el país.
Los 15 casos de desapariciones forzadas documentados desde las últimas elecciones
permiten concluir que las desapariciones forzadas no son fortuitas; poseen un claro móvil
político. Las víctimas en general son personas que han manifestado algún tipo de
disidencia, crítica u oposición al gobierno venezolano.
“Tenemos casos muy representativos. Por ejemplo, el de Rory Branker, editor del medio
digital La Patilla, que ha sido crítico del gobierno; Alfredo Díaz, exgobernador y dirigente
político opositor; o Eduardo Torres, abogado de la organización de derechos humanos
PROVEA. Todos ellos comparten un perfil claro: representan voces incómodas para el
poder”, indicó Pilar Sanmartín, coordinadora de crisis de Amnistía Internacional para las
Américas.
Silencio cómplice y la negación de justicia
De las 15 personas investigadas, 11 siguen con paradero desconocido. Ante la
desaparición forzada, la responsabilidad del Estado es ineludible: “no solo debe
abstenerse de cometer este crimen, sino que tiene la obligación activa de buscar a las
víctimas, informar a sus familiares y garantizar justicia y reparación. Esto incluye
realizar investigaciones rigurosas, ubicar a las personas desaparecidas y procesar a los
responsables, sin importar su rango. El incumplimiento de estas obligaciones es una grave
violación de derechos humanos”, explicó Sanmartín.
Entre los deberes más urgentes se encuentra el de informar sin demora sobre la
detención, suerte y paradero de la persona. Para ello, son esenciales los registros
confiables y públicos de detención, así como el acceso a recursos judiciales efectivos como
el habeas corpus. Sin embargo, la realidad en Venezuela es que este recurso es, en la
práctica, inútil. Los tribunales rara vez lo aceptan a trámite, y cuando lo hacen, las familias
no obtienen respuesta. Sanmartín enfatizó en que esta ineficacia no es una negligencia, sino
una decisión deliberada para bloquear el recurso, impidiendo que las familias localicen
a sus seres queridos y facilitando la impunidad de las desapariciones. Es, por tanto, un
elemento clave de la política represiva estatal.
Las familias de los desaparecidos también tienen derecho a la verdad, a ser informadas
sobre cualquier novedad, a ser reconocidas como víctimas directas y a participar en los
procesos judiciales y labores de búsqueda, además de recibir medidas de reparación
integral. “En un contexto de persecución como el venezolano, la protección de quienes
denuncian estos crímenes, junto con testigos, allegados y defensores, es fundamental
para garantizar que no sean blanco de intimidación o maltrato”.
Ataque sistémico a la población civil
Amnistía Internacional ha determinado que estas desapariciones forzadas son parte de un
“ataque generalizado y sistemático contra la población civil”, lo que las clasifica como
crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma. Desde el informe "Hambre de
Justicia" en 2019, la organización ya advertía sobre la perpetración de tales crímenes en
Venezuela desde 2014, con un patrón de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales
y uso excesivo de la fuerza, todo ello parte de una política estatal para castigar la
disidencia.
Sanmartín sostiene que este ataque no ha cesado; se ha mantenido en el tiempo, variando en
intensidad, pero siempre vinculado a los momentos políticos cruciales. Se observa una
continuidad en prácticas como la detención arbitraria, la tortura y la estigmatización
con fines de persecución, afectando a un número muy elevado de personas. El informe
"Detenciones sin Rastro" documenta esta nueva intensificación de la política represiva,
coincidiendo con las elecciones de 2024, donde al menos 25 personas perdieron la vida,
más de 2.200 fueron detenidas arbitrariamente y se presume que cientos fueron víctimas de
desaparición forzada. Por ello, Amnistía Internacional sostiene que estos hechos, al cumplir
con los elementos del crimen de lesa humanidad, deben ser tomados en cuenta por la
Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en su investigación Venezuela I.
En Venezuela, el poder judicial, particularmente los denominados "Tribunales contra el
Terrorismo", y el Ministerio Público, han sido instrumentalizados para dar una apariencia
de legalidad a procedimientos arbitrarios, facilitando las desapariciones forzadas. “Las
audiencias de control de detención, o audiencias de presentación, se realizan de forma
secreta, sin notificación a familiares ni abogados, lo que permite que solo los agentes
estatales conozcan la situación de la persona detenida. Además, avalan la continuación del
proceso penal incluso cuando las detenciones son arbitrarias y carecen de fundamento legal
o la persona detenida carece de las garantías básicas del debido proceso. Asimismo, no
exigen que los centros de detención confirmen oficialmente la presencia de la persona bajo
su custodia, lo que contribuye directamente al ocultamiento de su paradero”, detalló
Sanmartín.
Por su parte, la Fiscalía actúa como un brazo ejecutor de la política de persecución,
señaló. “En muchos casos documentados, ha tenido un rol clave en la instrucción de
detenciones, la fabricación de pruebas y la imputación de delitos graves como terrorismo,
simplemente por el ejercicio de la crítica política. La falta de actuación de la Fiscalía frente
a denuncias de desaparición forzada y tortura es una clara señal de su rol dentro de esta
política represiva, ya que el derecho internacional le exige abrir investigaciones de oficio y
sin dilación, incluso en ausencia de una denuncia formal”.
Extranjeros como moneda de cambio
Un patrón particularmente inquietante involucra a ciudadanos extranjeros. Sus
desapariciones también tienen una motivación política, ya que parecen ser utilizadas como
moneda de cambio o como una herramienta para “ejercer presión sobre otros Estados y de
paso reforzar la narrativa oficial de conspiraciones internacionales contra Venezuela”.
“Los casos de los turistas españoles Andrés Martínez y Jose María Basoa, acusados de
un presunto complot contra el gobierno, son un claro ejemplo de esta táctica”, indicó. Esta
escalada de represión, aunque fluctuante, mantiene una continuidad con prácticas represivas
documentadas desde 2014, ligadas siempre a momentos clave del contexto político
venezolano.
La respuesta de los países de origen varía drásticamente. Mientras algunos gobiernos
muestran mayor disposición para interceder por sus ciudadanos, otros consulados son
pasivos o carecen de presencia en Venezuela, como es el caso de Ucrania, en plena guerra
de agresión por parte de Rusia, que no puede brindar apoyo efectivo a sus ciudadanos
detenidos. “Para estas familias, la incertidumbre es absoluta. Desconocen el contexto
político y legal venezolano, lo que dificulta entender qué acciones deben emprender. La
distancia geográfica también es un impedimento enorme para acceder a centros de
detención o realizar gestiones. Aunque algunos logran avanzar a través de abogados, la
complejidad y trabas del sistema venezolano y la lejanía hacen que el proceso sea
extremadamente difícil”.
Llamado a la justicia internacional
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha hecho un enérgico
llamado a la Fiscalía de la CPI para que avance “de manera firme e incluya el crimen de
desaparición forzada en su investigación sobre Venezuela”. Sin embargo, este proceso
enfrenta obstáculos significativos. Uno de los más preocupantes son las sanciones
impuestas por Estados Unidos contra el Fiscal de la CPI, Karim Khan. Estas sanciones
no solo lo afectan personalmente, sino que se extienden a cualquier persona física o jurídica
que colabore con él financiera, técnica o materialmente. Esto representa una clara
interferencia en el funcionamiento de la Corte y busca socavar su independencia.
“Es fundamental que la CPI cuente con los recursos necesarios para ejercer su mandato de
manera autónoma y libre de presiones políticas. Por ello, se hace un llamado urgente a los
Estados Parte a mantener e incluso incrementar su financiamiento, garantizando así la
continuidad de investigaciones y procesos clave como el caso Venezuela I”, recalcó
Sanmartín.
A los Estados que han remitido la situación de Venezuela ante la CPI, se les pide que
mantengan su compromiso con la investigación, colaboren activamente con la Fiscalía y
brinden apoyo a las medidas de protección de víctimas y testigos. Su respaldo es crucial
para que se haga justicia.
Finalmente, en caso de que se emitan órdenes de aprehensión contra presuntos
responsables, se insta a todos los Estados a cumplir con su obligación de cooperación,
deteniéndolos y poniéndolos a disposición de la CPI si se encuentran en su territorio. El
"doloroso recorrido" de las familias venezolanas en busca de sus seres queridos
desaparecidos es una prueba fehaciente de la urgencia de que la comunidad internacional
actúe con decisión.
