Las plataformas digitales: un aliado estratégico para el turismo colombiano frente a un Proyecto de Decreto que amenaza su permanencia y la formalización del turismo en Colombia
Las plataformas digitales de alojamiento y servicios turísticos se han consolidado como uno de los motores más dinámicos del turismo en Colombia, impulsando la formalización, la inclusión económica y la llegada de visitantes a más de 600 municipios del país. Sin embargo, el nuevo Proyecto de Decreto para modificar el Registro Nacional de Turismo (RNT), publicado el 2 de diciembre por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, introduce una serie de medidas que ponen en riesgo este ecosistema y los beneficios que genera para millones de personas.
Plataformas digitales: crecimiento, empleo e impulso al turismo sostenible
El turismo es hoy un pilar de la economía colombiana. Solo en 2024, llegaron casi 7 millones de visitantes internacionales, y la vivienda turística, ofertada a través de plataformas digitales, ha sido clave para democratizar estos beneficios. Este modelo ha generado más de 215.000 empleos en Colombia y ha aportado USD 554 millones al PIB turístico de Colombia. Especialmente, impulsó economías locales, por cada USD 10 destinados al alojamiento, generó USD 48 adicionales en sectores como gastronomía, comercio, entretenimiento y transporte en las comunidades visitadas en Colombia. Además, más del 95% de los anfitriones se encuentran registrados en el RNT, lo que demuestra que esfuerzos pasados de formalización y regularización fueron exitosos. La actividad ya está regulada, es trazable y promueve la formalización.
Un proyecto de decreto que desincentiva la formalización y restringe el turismo comunitario
El Proyecto de Decreto propone transformar el sistema actual de registro (declarativo, eficiente y alineado con la Ley 2068 de 2020) en un sistema de preverificación administrado por la autoridad, que decidiría quién puede o no operar como prestador turístico. La iniciativa crea una licencia de facto la actividad turística al imponer cargas documentales que van más allá de la Ley. Este requiere verificar uso del suelo, reglamentos de propiedad horizontal y permisos que no son exigidos por la normativa vigente. Además, impone costos y requisitos propios de comerciantes a pequeños prestadores, y no contempla un periodo de adecuación, lo que haría inaplicable la norma y podría dejar al país sin oferta turística legal de un día para otro.
En el caso de las plataformas digitales, el Proyecto de Decreto les exige funciones que no están contempladas en la ley, concretamente: Verificar cada seis meses la vigencia del RNT, supervisar que no existan anuncios repetidos y garantizar interoperabilidad con sistemas gubernamentales aún no implementados. Estas cargas trasladan a intermediarios privados responsabilidades estatales, creando inseguridad jurídica y operativa para quienes han invertido desde hace años creyendo en el país.
Impacto negativo para las regiones y para los pequeños prestadores
Restringir estas actividades turísticas significaría excluir a miles de familias de clase media que dependen de este ingreso para conservar su vivienda. Además, reduciría la llegada de visitantes a zonas rurales, PDET y municipios sin infraestructura hotelera.
Esto en últimas, concentraría la oferta en grandes operadores, afectando la competencia y la innovación, además de empujar la actividad turística de pequeños proveedores a la informalidad, con menos trazabilidad y mayores riesgos para la seguridad. La experiencia internacional muestra que las prohibiciones no eliminan la actividad, sino que la trasladan a alternativas sin control, debilitando la supervisión estatal y perjudicando la cadena de valor en general.
Un llamado a la reflexión y al diálogo inclusivo
El proceso de formulación del Proyecto de Decreto excluyó a los gremios que representan a las plataformas y a los pequeños prestadores, a pesar de su peso económico y social. Además, este fue publicado sin análisis de impacto jurídico ni económico, como exigen las normas de técnica normativa en Colombia.
Es clave atender a las plataformas digitales y los miles de prestadores que dependen de ellas hacen un llamado al Gobierno Nacional a abrir espacios de diálogo técnico y a construir una regulación moderna, equilibrada y acorde con la Ley, que permita mantener la formalización, garantizar la seguridad de los viajeros, impulsar el turismo sostenible y comunitario, además de proteger el ingreso de miles de familias. Mantener un marco moderno y colaborativo permitirá que el turismo digital siga siendo un motor de desarrollo para todo el país.
Acerca de
La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, es la entidad gremial que agrupa a las empresas más importantes del Sector de Telecomunicaciones e Informática en Colombia. La CCIT fue fundada en 1993, y desde entonces ha desarrollado su gestión como organismo autorizado del sector privado, en sus relaciones con el Estado y la opinión pública.
