Bogotá, diciembre de 2025 – De acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura, Colombia cerró 2024 con 952.251 tutelas, un aumento del 13,2 % frente a 2023, lo que refleja la alta demanda ciudadana y la presión sobre las instituciones. En respuesta, el sistema ha empezado a incorporar herramientas de inteligencia artificial (IA) para ordenar expedientes, clasificar escritos y mejorar la trazabilidad.
En diciembre de 2024, la Judicatura adoptó lineamientos para un uso respetuoso, responsable y seguro de la IA, y en octubre de 2024 formalizó una alianza con la UNESCO para desarrollar capacidades en el sector.
Ahora bien, de acuerdo con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), en 2024 la justicia colombiana tiene una tasa de resolución de 0,80, lo que evidencia que, pese a los avances, la congestión sigue siendo un desafío estructural. Bajo esta lógica, la IA representa una oportunidad para aumentar la eficiencia sin perder el control humano sobre las decisiones judiciales.
La UNESCO, a través de su Global Judges’ Initiative (2024), reporta que 44 % de jueces, fiscales y abogados ya usa IA para tareas de apoyo, pero solo 9 % ha recibido formación en este tema. En una etapa en la que el uso de la IA se expande con rapidez, formar a los funcionarios resulta esencial para garantizar que la tecnología se aplique con responsabilidad.
José Luis Gómez Ortega, experto en IA y profesor de la Universidad Europea, enfatiza en la importancia de capacitar a los funcionarios públicos del sector en estas nuevas tecnologías: “Existe en reto de acompañar esta adopción con programas de capacitación sólidos y con criterios claros de uso. Es clave, sobre todo en justicia, porque aquí los errores no son solo operativos: un sesgo en los datos o una “alucinación” que cite jurisprudencia inexistente puede tener consecuencias muy reales sobre personas concretas. Las guías que empiezan a aparecer en países como Colombia y en foros internacionales marcan una buena dirección, pero solo serán efectivas si se traducen en formación continua y en procesos transparentes, donde se vea con claridad cuándo interviene la IA, para qué, y bajo la responsabilidad de quién. Esa combinación de criterio profesional, ética y transparencia es la que permitirá aprovechar la IA como apoyo al sistema judicial sin generar desconfianza en la sociedad ni la aparición de nuevos riesgos”.
La experiencia regional ofrece evidencia concreta. El Banco Interamericano de Desarrollo documentó que PROMETEA, sistema de IA de la Fiscalía de Argentina, que clasifica expedientes y genera borradores jurídicos para revisión humana, redujo de 90 minutos a 1 minuto (99 %) ciertos procesos.
La IA empieza a asumir un rol clave para ciertas tareas: clasificar escritos, buscar antecedentes, preparar borradores, mientras la decisión y la motivación siguen en manos humanas. Cuando la tecnología se integra bajo supervisión humana, puede liberar tiempo para tareas de análisis jurídico, optimizando la atención a los ciudadanos. Estas herramientas permiten priorizar casos urgentes, reducir errores en la clasificación de documentos y agilizar la respuesta ante la ciudadanía.
El foco no es solo acelerar, sino hacerlo con garantías. El servicio debe ser claro y verificable. Se debe apuntar a procesos que no se estanquen, explicaciones entendibles y constancia del uso de IA y de quién lo supervisó. Sin ese control, no hay confianza pública.
El experto de la Universidad Europea insiste: “Los beneficios de la IA en justicia son muy concretos: agiliza tareas repetitivas, mejora la consistencia en la clasificación de documentos, facilita búsquedas complejas y permite mapear mejor la carga de trabajo. Es decir, ayuda a pasar de la congestión a la gestión. Pero siempre hay que entender los riesgos y anticiparse: esos mismos sistemas pueden equivocarse, discriminar sin que lo veamos o generar una falsa sensación de automatismo en decisiones que afectan derechos fundamentales. De ahí que el control humano sea una parte fundamental del proceso: procedimientos que obliguen a revisar, cuestionar y documentar lo que propone la IA; órganos de gobierno con capacidad real de auditar modelos y proveedores; y criterios claros para decidir en qué tareas la tecnología puede entrar y en cuáles simplemente no es aceptable. En presencia de esta arquitectura, la IA tiene el potencial para pasar a ser una pieza más de la infraestructura institucional, orientada a mejorar el servicio a la ciudadanía con garantías”.
