Corrupción golpea servicios esenciales en Colombia y la región: salud y educación, los más vulnerables

Bogotá, noviembre de 2025.- El soborno es una de las prácticas más dañinas en todos los países de América Latina y el Caribe. Datos de un informe más reciente de Transparencia Internacional indican que sólo en 2017, más de 90 millones de personas pagaron sobornos para evitar sanciones o brincarse ciertos procesos de la regulación y servicios públicos. En Colombia, la situación evidencia una problemática persistente. Estudios revelan que un 91% de empresarios cree que secretamente se ofrecen dádivas para obtener contratos, y un porcentaje significativo considera que el soborno es una práctica habitual para no perder negocios. Aunque el Código Penal contempla penas de prisión de cinco a ocho años, multas e inhabilidades para ejercer cargos públicos para quienes incurran en cohecho, el desafío sigue siendo la aplicación efectiva de la ley. La región enfrenta un problema estructural que, además de vulnerar derechos básicos, profundiza la desigualdad social, debilita la legitimidad de los gobiernos y tiene un impacto negativo en el crecimiento económico al distorsionar la asignación de talento y capital. Los sectores más afectados son salud y educación, mientras que la policía y los políticos figuran entre las instituciones percibidas como más corruptas por la ciudadanía. Este panorama no deja exentas a las empresas privadas, que también padecen los efectos de la corrupción: un estudio de PwC señala que el 79% de los casos de fraude corporativo investigados implicaron pagos ilícitos o servicios ficticios proporcionados por terceros, evidenciando la magnitud de las prácticas fraudulentas en el ámbito empresarial. En el ámbito internacional, Colombia ha avanzado de la categoría de “cumplimiento nulo” a “cumplimiento limitado” en la evaluación de la OCDE sobre lucha contra el soborno transnacional, gracias a reformas legislativas recientes y al fortalecimiento de las instituciones encargadas de prevenir y sancionar este delito. Sin embargo, aún se requiere aumentar el número de sanciones ejemplarizantes para alcanzar niveles de implementación moderada o activa. Casos como el de la constructora Odebrecht o procesos judiciales de alto perfil reflejan la complejidad y el alcance de la problemática. La magnitud de estas cifras y los riesgos asociados han motivado que diversas organizaciones adopten mecanismos de prevención probados internacionalmente, como el estándar ISO 37001, que establece los requisitos para un Sistema de Gestión Antisoborno capaz de prevenir, detectar y abordar de manera sistemática este tipo de conductas dentro de las operaciones propias y a lo largo de la cadena de valor. Aunque su implementación se presenta como una herramienta técnica y no como la solución única, aporta un marco integral que ayuda a proteger la reputación institucional, fortalecer la confianza de socios y clientes, y reducir el riesgo de sanciones y pérdidas económicas. “El soborno, en cualquiera de sus formas, erosiona la confianza, deteriora la reputación y aumenta los riesgos financieros de un país o una empresa. En este contexto, herramientas como ISO 37001 permiten establecer un sistema de gestión antisoborno robusto que ayuda a prevenir, detectar y abordar estas conductas. La certificación no es un trámite: es un compromiso ético y estratégico para construir entornos de negocio seguros y sostenibles”, afirmó William Vizcaíno, Director General de NYCE en Colombia. En un panorama caracterizado por índices alarmantes de corrupción en América Latina y Colombia, la adopción de marcos internacionales como ISO 37001 ofrece a las organizaciones una vía sólida para blindar sus operaciones frente a riesgos legales y reputacionales. Desde 2014, el organismo NYCE ha permitido que las empresas colombianas y en todo Sudamérica, puedan acceder a la certificación de las mejores prácticas internacionales basadas en los estándares internacionales ISO. “La lucha contra la corrupción requiere acciones concertadas entre gobiernos, entidades privadas y sociedad civil, y los sistemas de gestión antisoborno son una pieza estratégica para avanzar hacia entornos más transparentes y competitivos”, añadió Vizcaíno.